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Quito (EFE).- La inversión privada mediante contratos de participación, la modernización de los procesos de licitación y la seguridad jurídica es la receta que expertos en la industria petrolera apuntan para revitalizar la alicaída producción de crudo de Ecuador y, así, el Estado no vea mermados los ingresos por esta actividad.

Desde que en 2014 se alcanzó un pico máximo histórico de 560.000 barriles por día en el país, la producción ha descendido a los 486.000 barriles diarios, y la proyección es que siga a la baja.

La asesora legal de empresas del sector petrolero en Ecuador, Marisela Salinas, habla en una entrevista con EFE, en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome

El 80 % de la producción es de Petroecuador, una compañía pública con limitaciones para atender las inversiones necesarias, debido al contexto actual: cuentas deficitarias del Estado y un constante reajuste del gasto público.

El 20 % restante está a cargo de empresas privadas, la mayoría con contratos de servicios por los que reciben una tarifa por barril producido, una modalidad que se impuso en 2010 por decisión del Gobierno para terminar con los contratos de participación.

En cambio, con el actual Gobierno y el sector privado se apunta a retornar a esa modalidad contractual, donde las empresas privadas reciben los bloques en concesión con una cuota de participación de la producción y hacen todas las inversiones.

De ese modo el Estado solo recibe rentas (no menos del 51 % por ley) sin haber gastado nada ni haber asumido otros riesgos derivados.

«Usualmente la renta para el Estado es del 70 % y 80 %», señaló a EFE el exviceministro de Hidrocarburos, Sergio Enderica, para quien este modelo sirve tanto para los bloques petroleros del sur de la Amazonía ecuatoriana pendientes de exploración como para los yacimientos ‘offshore’ de gas.

 

Reversión de campos

La aplicación nuevamente de los contratos de participación se ha vuelto más viable con el nuevo reglamento de la Ley de Hidrocarburos, que además permite delegar a una empresa privada o a una compañía estatal extranjera campos que actualmente están a cargo de Petroecuador.

El exviceministro de Hidrocarburos, Sergio Enderica, habla en una entrevista con EFE, en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome

Ese proceso podría tomar alrededor de un año y, según Enderica, permitiría reducir en una tercera parte aproximadamente el presupuesto de Petroecuador, que ronda los 4.500 millones de dólares.

Uno de los yacimientos donde estos especialistas apuntan a que puede aplicarse esta figura es el de los Bloques 16 y 67, cuya explotación fue asumida por Petroecuador en 2023 tras culminar los contratos de servicios del anterior.

Desde entonces la producción de estos campos ha decaído de 15.000 a 10.000 barriles por día por la ausencia de nuevas inversiones y conflictos con comunidades indígenas de la zona (103 millones de dólares perdidos en un año).

«Va a haber muchas voces estatizantes que se van a oponer a que la empresa estatal deje de operar esos bloques, pero no tiene el dinero para esas cuantiosas inversiones», comentó a EFE el abogado especialista en energía y recursos naturales, Francisco Roldán.

 

«Falta decisión política»

Para el letrado, «lo que falta es decisión política», pues a su juicio el contrato de participación «es la mejor figura contractual» y la más extendida en el mundo.

El abogado señaló que «más seguridad jurídica” permitiría que volviesen las grandes empresas mundiales que se fueron del país desde que en 2010, lo que a su juicio dejó a Ecuador en una posición de desventaja en el panorama internacional.

Por su lado, la asesora jurídica de varias empresas del sector, Marisela Salinas dijo que «no hay razones válidas» para postergar más el retorno de los contratos de participación».

También incidió en la importancia de una mayor digitalización y dinamización de los procesos de licitación, así como reforzar la seguridad jurídica sin cambios de condiciones, especialmente en el esquema tributario.

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Fallecen 21 personas en el centro de Marruecos debido al aumento extremo de temperaturas

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Rabat.- Un total de 21 personas, la mayoría de ellas ancianos y con enfermedades crónicas, murieron este jueves en la ciudad de Beni Mellal, en el centro de Marruecos, debido a la ola de calor, informó en un comunicado el Ministerio marroquí de Sanidad.

La nota añade que 17 de estas personas murieron en el Centro Hospitalario Regional de Beni Mellal, situada a unos 230 kilómetros al sur de Rabat, y cuatro perecieron fuera de las instalaciones del hospital.

Agrega que la mayoría de las víctimas eran personas con enfermedades crónicas y ancianos, cuya salud se deterioró debido al fuerte aumento de las temperaturas, lo que provocó su muerte.

El comunicado insta a todos los ciudadanos de la región, donde la temperatura alcanzó los 42 grados, a tomar precauciones, evitar la exposición al sol, especialmente durante las horas pico, y consultar a los servicios de salud cuando sea necesario. 

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Casa Blanca niega que hubiera un plan para «encubrir» información sobre la salud de Biden

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WASHINGTON.- La Casa Blanca rechazó este miércoles que existiera un plan para «encubrir» un posible deterioro en la salud del presidente estadounidense, Joe Biden, quien el domingo pasado decidió poner fin a su campaña para las elecciones de noviembre próximo.

«No es un encubrimiento. Sé que esa es la narrativa que ustedes quieren, pero no lo es», afirmó la portavoz Karine Jean-Pierre en una rueda de prensa.

La cadena conservadora Fox News ha impulsado la teoría de que el Gobierno ha ocultado el declive de Biden, quien con 81 años es el mandatario de mayor edad en la historia de EE.UU.

Sin embargo, no solo Fox News ha abordado este tema. La revista New York Magazine publicó varios artículos en los últimos meses sobre el deterioro del presidente, incluyendo uno a principios de julio titulado «La conspiración del silencio para proteger a Joe Biden».

El diario The New York Times también publicó a comienzos de mes un artículo en el que aseguraba que varios funcionarios, así como otras personas que hablaron con Biden en privado, notaron que parecía cada vez más confundido e, incluso, perdía el hilo de las conversaciones.

Las dudas sobre la edad y capacidad de Biden se intensificaron tras su floja actuación en el debate del pasado 27 de junio frente al expresidente Donald Trump (2017-2021), donde proyectó una imagen envejecida, con voz ronca y dificultades para terminar algunas frases.

Después de ese encuentro, se produjo una rebelión dentro del Partido Demócrata, con decenas de miembros del Congreso instándolo a poner fin a su campaña de reelección, algo que finalmente hizo el pasado domingo, al tiempo que brindó su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris.

Harris ya reunió matemáticamente los respaldos necesarios para que los delegados demócratas la designen oficialmente como candidata presidencial, sin competencia alguna. 

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Detenida en España una exjueza argentina implicada en una red de adopciones irregulares

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Valencia. – La policía española detuvo en la ciudad de Valencia (este) a una exjueza argentina de 63 años sobre la que pesaba una orden internacional de detención por su implicación en una red de adopciones irregulares.

La fugitiva estaba buscada por las autoridades argentinas como presunta autora de los delitos de cohecho activo y falsedad de documento público, por los que se le solicita una pena máxima de prisión de seis años.

Según informaron fuentes policiales, mientras era titular de un Juzgado de Familia de Pilar (Argentina), la mujer presuntamente se lucraba económicamente al proponer a las asistentes sociales integrantes del equipo técnico del Juzgado a su cargo acudir a los barrios pobres de la ciudad argentina a «conseguir panzas».

Esta acción consistía en identificar a mujeres vulnerables en estado de gestación dispuestas a entregar en adopción a los hijos que esperaban, para facilitar así los procesos de adopción a matrimonios adinerados de la zona, de quienes recibía ventajas económicas.

Además, la arrestada manipuló diversos documentos públicos para poner una fecha anterior y simular de ese modo que su firma había sido estampada en distintas providencias y resoluciones judiciales cuando ya no se encontraba trabajando en el ámbito de la República Argentina.

Una vez comprobada la vigencia de la orden que le constaba a la detenida, se realizaron gestiones de investigación que dieron como resultado su posible ubicación en España. Los agentes averiguaron la localización concreta de la fugitiva, que fue detenida en la ciudad de Valencia (este).

La detención tuvo lugar este lunes cuando salía de su domicilio, desde donde fue trasladada a las dependencias de la Jefatura Superior de Policía para seguir con los trámites, y al día siguiente pasó a disposición judicial, según explicaron a EFE fuentes policiales.

La noticia de la detención fue adelantada por el periódico Levante-EMV, que explica que la arrestada fue expulsada de la carrera judicial en 2017.

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