Caso “Camaleón”, otro más en la lista de largos expedientes sin final

Por Ruddy Orozco

Santo Domingo. – Los diversos allanamientos que la Procuraduría General de la República (PGR) ejecutó este mes sacudieron a la opinión pública y revivieron la sensación de otros apresamientos realizados en el primer periodo del presidente Luis Abinader, en contra de exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El caso “Camaleón”, nombre clave dado por las autoridades al operativo que llevó a la detención de José Gómez Canaán (Jochi), el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y otros implicados, se suma a una serie de casos que llevan hasta cuatro años en los tribunales, sin que se vislumbre un final.

La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Beras, Jochi y Pedro Padovani, exencargado del Centro de Control de Tráfico.

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Otros implicados son Frank Rafael Atilano Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología; y Juan Francisco Álvarez, director Administrativo y Financiero del Intrant. También se imputó a las empresas Transcore Latam, Aurix e Inprosol.

Según el expediente acusatorio, los imputados son señalados de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.

En noviembre de 2020, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) inició el apresamiento de un grupo de exfuncionarios y presuntos testaferros acusados de cometer actos de corrupción durante los periodos 2012-2016 y 2016-2020 del expresidente Danilo Medina, a quien le apresaron dos hermanos en el marco de esta investigación.

Entre los capturados en la denominada operación &quotAntipulpo» se encontraban tres proveedores del Estado: Juan Alexis Medina Sánchez, hermano menor del exmandatario, y los poco conocidos Julián Esteban Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona, ambos relacionados con Juan Alexis.

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Entre los seis exfuncionarios detenidos estaban Fernando Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta de Fonper y hermana de Danilo Medina; Francisco Pagán, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE); Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, exdirector de Fiscalización de Obras en la OISOE; Freddy Hidalgo, exministro de Salud; y Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor de la República.

El Ministerio Público también golpeó a la cúpula militar presuntamente involucrada en un entramado societario liderado por el mayor general del Ejército, Adán Cáceres Silvestre, que supuestamente desvió fondos de inteligencia del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) entre 2012 y 2020.

Entre los imputados figuran el coronel Rafael Núñez de Aza; el general de la Fuerza Aérea Dominicana, Julio Camilo de los Santos Viola; el mayor del Ejército Nacional, Raúl Alejandro Girón Jiménez; el general Juan Carlos Torres Robiou; Rossy Guzmán Sánchez,conocida como «la Pastora»; su hijo, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán; y el sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz, entre otros.

En junio de 2021, el Ministerio Público apresó al exprocurador Jean Alain Rodríguez, acusándolo de corrupción administrativa durante su gestión en la Procuraduría General de la República.

El Ministerio Público acusa a 41 personas físicas y 22 empresas de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología, y lavado de activos. Según el expediente acusatorio, Rodríguez encabezó una estructura de corrupción que defraudó al Estado por más de RD$6,000 millones entre 2016 y 2020. El caso Medusa está en los tribunales desde junio de 2021.

Entre los acusados también figuran Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público; Jonathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo; Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; Altagracia Guillén Calzado, exsubdirectora administrativa; Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad; y el exasesor Miguel José Moya.

En marzo de 2023, el Ministerio Público lanzó la Operación Calamar, una investigación que incluyó 40 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana. En la operación participaron 40 fiscales, decenas de técnicos, 300 miembros de la Policía Nacional y un equipo de apoyo administrativo.

Entre los detenidos se encuentran el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña; y los exdirectores de Casinos y Juegos de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

Los imputados enfrentan cargos de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno, financiamiento ilícito de campaña, lavado de activos, entre otros.

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