Destacan la inconstitucionalidad de la discriminación a personas LGBTI en la Policía y las Fuerzas Armadas

Santo Domingo, República Dominicana — El Tribunal Constitucional está revisando una acción directa de inconstitucionalidad presentada contra los Códigos de Justicia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. La acción, impulsada por el abogado Anderson Dirocie De León y la especialista en derecho Patricia Santana Nina, cuestiona la validez del artículo 210 del Código de Justicia de la Policía Nacional y el artículo 260 del Código de Justicia de las Fuerzas Armadas.

La demanda busca la declaratoria de inconstitucionalidad de estos artículos, que sancionan con prisión a policías y militares por mantener relaciones sexuales consensuadas con personas del mismo sexo, así como por la tentativa de tales relaciones. Santana Nina explicó que la acción tiene como objetivo eliminar barreras para que miembros LGBTIQ puedan servir en estas instituciones sin enfrentar obstáculos discriminatorios y arbitrarios.

Dirocie De León argumentó que estos códigos representan una forma de discriminación injustificada que viola derechos fundamentales como la dignidad, la libertad personal, la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho al trabajo. Añadió que la existencia de estas leyes contribuye a la violación de derechos humanos y que muchas veces las prácticas arbitrarias de arresto o desvinculación de personas LGBTIQ en contextos militares y policiales están respaldadas por la ley.

El equipo de abogados subrayó que la acción no solo visibiliza un problema de violaciones a derechos humanos, sino que también busca iniciar el desmonte de políticas estatales que perpetúan y refuerzan la discriminación y la violencia contra personas LGBTIQ.

Impacto Potencial del Fallo

Un fallo favorable del Tribunal Constitucional podría no solo cambiar la vida de los miembros LGBTIQ de las fuerzas policiales y militares, sino también contribuir a la igualdad en el acceso a funciones públicas. Reiteraría que ser LGBTI no es un delito y que estas personas no son menos aptas para cargos públicos.

Dirocie De León y Santana Nina afirmaron que, con una decisión favorable y la adopción de medidas adecuadas, las implicaciones podrían extenderse a la protección de personas LGBTIQ fuera de las fuerzas de seguridad, abordando así una cultura estatal que, según ellos, perpetúa la idea de que ser homosexual es un crimen.

La acción también pide al Tribunal Constitucional que declare inconstitucionales normas o actos conexos, como el artículo 33 del Reglamento Militar Disciplinario, que utilizan términos como «moral» o «disciplina» para justificar prácticas discriminatorias.

El Tribunal Constitucional tiene la responsabilidad de evaluar el impacto de estos códigos y determinar si cumplen con los principios de igualdad y no discriminación establecidos en la Constitución de la República Dominicana.